OPINIÓN Sábado, 31 de agosto de 2013 | 14:12 Ramón de Veciana
Transcurridos 30 años desde la promulgación de la Constitución, puede hacerse un balance con perspectiva y en profundidad de los logros y de los fracasos de este proyecto político constitucional.
Es evidente que España durante estos años ha prosperado mucho, y parte importante de ese éxito se debe al diseño constitucional pensado para ese delicado momento político de salida de una dictadura y de consolidación de una democracia europea moderna.
Pero ese diseño político da muestras graves de agotamiento que, de no remediarse con celeridad, puede dar lugar al colapso de todo el sistema constitucional, con consecuencias imprevisibles. Basta abrir los periódicos para comprobar, a diario, este fracaso institucional. El prestigio de la Corona (Título II), el funcionamiento de las Cortes Generales y la representación política de los ciudadanos (Título III) y el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (Títulos VI y IX) ha entrado en una caída en barrena, impensable hace sólo unos años.
Es urgente, pues, que se hagan las necesarias reformas constitucionales y legales que garanticen la total independencia del Consejo General del Poder Judicial, de los Tribunales Supremo y Constitucional, así como una reforma de la Ley Electoral que responda a una mayor y mejor representatividad de los ciudadanos; una reforma de la Corona que le otorgue la prestancia y dignidad perdida durante los últimos tiempos; y una auténtica Ley de Transparencia que garantice la exigencia de responsabilidad de todos ellos.
Pero el fracaso más evidente es del Título VIII, de la organización territorial, que se redactó por los constituyentes con el benévolo propósito de implicar a los nacionalismos vasco y catalán en la construcción política de España y de que, a su vez, la descentralización política cohesionase económica y socialmente todas las regiones españolas.
Lo cierto es que los resultados obtenidos, al cabo de tres decenios, son los contrarios a los previstos. En este momento, y a la vista está, el nacionalismo catalán y vasco están socavando la estabilidad de España con una deriva independentista creciente, amparada por el acomplejamiento de PP y PSOE; y, por otra parte, PSOE y PP, como partidos de ámbito nacional, han descubierto que el nacionalismo de cualquier índole (andaluz, gallego, valenciano, extremeño, etc…) es fuente de poder omnímodo, bastando con recurrir a la exaltación del sentimiento localista.
Pero, además, la inexistencia del diseño de un modelo territorial cerrado ha tenido como consecuencia la indeseable coexistencia de varios modelos territoriales contradictorios -de corte confederal, federal y unitario- cuya dinámica ha sido perversa: el constante chantaje político de los nacionalismos catalán y vasco para obtener constantes privilegios, la elefantización del Estado con la duplicidad de gastos y un despilfarro de recursos públicos sin exigencia de responsabilidad alguna, la desigualdad de derechos de los españoles en función del lugar donde viven y la creación de unos auténticos biotopos autonómicos de carácter clientelar.
Por eso, ahora es el momento de hacer propuestas que permitan superar urgentemente esta crisis institucional y política; y, en este sentido, no cabe duda que deben ser propuestas valientes y rotundas, sin complejos y formuladas desde la perspectiva del fomento del bien común de la nación.
Debe reformarse la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y CCAA e ir hacia la construcción de un modelo federal cooperativo, donde el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general y la cohesión social de todos los españoles y de su derecho a la igualdad y a la libertad, como son la justicia, la educación, la sanidad, el medio ambiente y el urbanismo, entre otros.
Por lo tanto, y como primera prevención, debe suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por pretender la existencia de derechos históricos que justifiquen privilegios de una parte de España.
Correlativamente, debe reformarse el Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial, de composición mixta de elección directa y por los parlamentos autonómicos, dejando que en el Congreso se debatan los intereses generales de ámbito nacional.
El modelo federal europeo es el modelo territorial que ha dotado a los países más prósperos de nuestro entorno más inmediato, como es el caso de Alemania y Austria, de estabilidad política, además de alcanzar de forma ordenada la igualdad de todos los ciudadanos.
No es casual la campaña de desprestigio que los nacionalistas, en plena deriva independentista del catalanismo político, están realizando de forma inmisericorde hacia las propuestas federales de España.
Con un estado federal, se acabaría de una vez por todas el obstruccionismo y mala fe nacionalistas al quedar los gobiernos regionales sometidos a un estricto juego de normas constitucionales que les impediría chantajear al Estado para la obtención constante de nuevos privilegios, poniendo fin al pernicioso principio dispositivo de competencias. Y, también, se desacreditarían los falsos agravios esgrimidos por los independentistas, pues, nadie (cuerdo) en la Unión Europea tacharía a un sistema federal de organización del estado, como al alemán o austríaco, de ser contrario a los principios de libertad, democracia e igualdad que la inspiran.
En este sentido, existe una sola fuerza política de carácter nacional que desde su fundación ha hecho frente con valentía a todo tipo de nacionalismo, del violento al supremacista, y que ha exigido sin ningún tipo de acomplejamiento abrir el melón de la reforma constitucional que garantice mayor libertad e igualdad de todos los españoles, con independencia de donde vivan y cómo piensen. Y esta fuerza, UPyD, está liderada por una mujer menuda y valiente, Rosa Díez, que vendrá a Hospitalet (Barcelona) el próximo 5 de septiembre, unos días antes de la Diada, para hablar de federalismo e igualdad, y, haciendo caso omiso al nacionalismo rampante que quiere dividir en dos y enfrentar a la sociedad catalana, explicar a la sociedad catalana la necesidad de un partido valiente y de ámbito nacional con una propuesta inevitable, inaplazable, de regeneración política.
Ramón de Veciana es miembro del Consejo de Dirección de UPyD
‘Con un estado federal, se acabaría de una vez por todas el obstruccionismo y mala fe nacionalistas al quedar los gobiernos regionales sometidos a un estricto juego de normas constitucionales que les impediría chantajear al Estado para la obtención constante de nuevos privilegios, poniendo fin al pernicioso principio dispositivo de competencias. Y, también, se desacreditarían los falsos agravios esgrimidos por los independentistas, pues, nadie (cuerdo) en la Unión Europea tacharía a un sistema federal de organización del estado, como al alemán o austríaco, de ser contrario a los principios de libertad, democracia e igualdad que la inspiran’.
Transcurridos 30 años desde la promulgación de la Constitución, puede hacerse un balance con perspectiva y en profundidad de los logros y de los fracasos de este proyecto político constitucional.
Es evidente que España durante estos años ha prosperado mucho, y parte importante de ese éxito se debe al diseño constitucional pensado para ese delicado momento político de salida de una dictadura y de consolidación de una democracia europea moderna.
Pero ese diseño político da muestras graves de agotamiento que, de no remediarse con celeridad, puede dar lugar al colapso de todo el sistema constitucional, con consecuencias imprevisibles. Basta abrir los periódicos para comprobar, a diario, este fracaso institucional. El prestigio de la Corona (Título II), el funcionamiento de las Cortes Generales y la representación política de los ciudadanos (Título III) y el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (Títulos VI y IX) ha entrado en una caída en barrena, impensable hace sólo unos años.
Es urgente, pues, que se hagan las necesarias reformas constitucionales y legales que garanticen la total independencia del Consejo General del Poder Judicial, de los Tribunales Supremo y Constitucional, así como una reforma de la Ley Electoral que responda a una mayor y mejor representatividad de los ciudadanos; una reforma de la Corona que le otorgue la prestancia y dignidad perdida durante los últimos tiempos; y una auténtica Ley de Transparencia que garantice la exigencia de responsabilidad de todos ellos.
Pero el fracaso más evidente es del Título VIII, de la organización territorial, que se redactó por los constituyentes con el benévolo propósito de implicar a los nacionalismos vasco y catalán en la construcción política de España y de que, a su vez, la descentralización política cohesionase económica y socialmente todas las regiones españolas.
Lo cierto es que los resultados obtenidos, al cabo de tres decenios, son los contrarios a los previstos. En este momento, y a la vista está, el nacionalismo catalán y vasco están socavando la estabilidad de España con una deriva independentista creciente, amparada por el acomplejamiento de PP y PSOE; y, por otra parte, PSOE y PP, como partidos de ámbito nacional, han descubierto que el nacionalismo de cualquier índole (andaluz, gallego, valenciano, extremeño, etc…) es fuente de poder omnímodo, bastando con recurrir a la exaltación del sentimiento localista.
Pero, además, la inexistencia del diseño de un modelo territorial cerrado ha tenido como consecuencia la indeseable coexistencia de varios modelos territoriales contradictorios -de corte confederal, federal y unitario- cuya dinámica ha sido perversa: el constante chantaje político de los nacionalismos catalán y vasco para obtener constantes privilegios, la elefantización del Estado con la duplicidad de gastos y un despilfarro de recursos públicos sin exigencia de responsabilidad alguna, la desigualdad de derechos de los españoles en función del lugar donde viven y la creación de unos auténticos biotopos autonómicos de carácter clientelar.
Por eso, ahora es el momento de hacer propuestas que permitan superar urgentemente esta crisis institucional y política; y, en este sentido, no cabe duda que deben ser propuestas valientes y rotundas, sin complejos y formuladas desde la perspectiva del fomento del bien común de la nación.
Debe reformarse la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y CCAA e ir hacia la construcción de un modelo federal cooperativo, donde el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general y la cohesión social de todos los españoles y de su derecho a la igualdad y a la libertad, como son la justicia, la educación, la sanidad, el medio ambiente y el urbanismo, entre otros.
Por lo tanto, y como primera prevención, debe suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por pretender la existencia de derechos históricos que justifiquen privilegios de una parte de España.
Correlativamente, debe reformarse el Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial, de composición mixta de elección directa y por los parlamentos autonómicos, dejando que en el Congreso se debatan los intereses generales de ámbito nacional.
El modelo federal europeo es el modelo territorial que ha dotado a los países más prósperos de nuestro entorno más inmediato, como es el caso de Alemania y Austria, de estabilidad política, además de alcanzar de forma ordenada la igualdad de todos los ciudadanos.
No es casual la campaña de desprestigio que los nacionalistas, en plena deriva independentista del catalanismo político, están realizando de forma inmisericorde hacia las propuestas federales de España.
Con un estado federal, se acabaría de una vez por todas el obstruccionismo y mala fe nacionalistas al quedar los gobiernos regionales sometidos a un estricto juego de normas constitucionales que les impediría chantajear al Estado para la obtención constante de nuevos privilegios, poniendo fin al pernicioso principio dispositivo de competencias. Y, también, se desacreditarían los falsos agravios esgrimidos por los independentistas, pues, nadie (cuerdo) en la Unión Europea tacharía a un sistema federal de organización del estado, como al alemán o austríaco, de ser contrario a los principios de libertad, democracia e igualdad que la inspiran.
En este sentido, existe una sola fuerza política de carácter nacional que desde su fundación ha hecho frente con valentía a todo tipo de nacionalismo, del violento al supremacista, y que ha exigido sin ningún tipo de acomplejamiento abrir el melón de la reforma constitucional que garantice mayor libertad e igualdad de todos los españoles, con independencia de donde vivan y cómo piensen. Y esta fuerza, UPyD, está liderada por una mujer menuda y valiente, Rosa Díez, que vendrá a Hospitalet (Barcelona) el próximo 5 de septiembre, unos días antes de la Diada, para hablar de federalismo e igualdad, y, haciendo caso omiso al nacionalismo rampante que quiere dividir en dos y enfrentar a la sociedad catalana, explicar a la sociedad catalana la necesidad de un partido valiente y de ámbito nacional con una propuesta inevitable, inaplazable, de regeneración política.
Ramón de Veciana es miembro del Consejo de Dirección de UPyD
hay otro partido que lo lidera el movimiento antinacionalista desde mucho antes(2006)...
RépondreSupprimerCiudadanos- Partido de la ciudadania.
Es cierto y muy bien que lo hacen... sobre todo Albertico :-)
Supprimer"MODELO FEDERAL CERRADO".
RépondreSupprimerAlgo que escribí como respuesta en otro artículo: No todas las comunidades autónomas actuales deben recibir el mismo tratamiento, pues son culturalmente diferentes, sus dimensiones y peso económico también lo son, además de que algunas, como Canarias, tienen una ubicación geográfica especial. Una federación simétrica solo se lograría uniendo CC.AA. afines en subdivisiones mayores de un mismo trasfondo histórico, que lleguen a ser autofinanciadas y económicamente sustentables.
Una idea que sugerí sería esta: 6 estados federados. Estos estados serían fijados a partir de los reinos históricos que formaron el actual estado español, QUE SON LOS ÚNICOS QUE TIENEN DERECHO A DECIR QUE ALGUNA VEZ FUERON INDEPENDIENTES (Corona de Castilla, Corona de Aragón, Navarra y Granada), más dos excepciones: Galicia (por ser la entidad más diferenciada de la antigua corona de Castilla, siendo una de las comunidades históricas con idioma propio, y Canarias, por su particular situación geográfica), cada estado con capacidad de gestión como la que tienen los estados norteamericanos o las provincias canadienses.
Estos estados serían:
-Antigua Corona de Aragón (también podría llamarse Aragonia o Aragón y Levante*) Integrado por las 11 provincias de las actuales comunidades de Valencia, Baleares, Cataluña y Aragón. Capital: la ciudad más importante (Barcelona), la capital histórica de la Corona (Zaragoza) o una ciudad de menor rango pero céntrica, tal vez Caspe, que tiene importancia histórica (ver en wiki: Compromiso de Caspe).
-Reino de Navarra (que podría llamarse Vasconia como la antigua región hispana): Incluiría las tres provincias vascas, Navarra, y, podría incluir la Rioja, que tiene una relación histórica peculiar con Navarra y con la antigua Vasconia a diferencia de otras provincias castellanas, además de estar vinculada económicamente a esta región mucho más que al resto de Castilla. Capital: la ciudad más importante (Bilbao), la capital histórica (Pamplona) o una ciudad de menor rango pero céntrica, tal vez Viana, que está ubicada muy cerca de donde se unen las fronteras de las actuales tres autonomías además de tener cierta importancia histórica (al heredero de la corona de Navarra se le designaba con el nombre de Príncipe de Viana).
-La Corona de Castilla (que podría llamarse Castilla y León, ya que incluiría las regiones de culturas castellana y asturleonesa) dividida en 19 provincias. Capital: Madrid, o Toledo, dado el caso que no se quiera que la capital de la nación sea también capital de uno de estos estados.
-Reino de Granada más los antiguos reinos castellanos de Sevilla, Córdoba, Jaén, y Murcia (Esta última está más cercana histórica y culturalmente a Andalucía que a la gran Castilla. El estado podría llamarse Andalucía y Levante*). Dividida en 9 provincias y dos ciudades autónomas. Incluiría Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla. Capital: la ciudad más importante (Sevilla), la capital histórica y a la vez más céntrica (Granada) o doble o triple capitalidad (las dos capitales actuales: Sevilla y Murcia (o quizás Cartagena), o tres (tipo Sudáfrica) si se incluye Granada; de hecho, el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, ya tiene su sede en Granada).
-Galicia (4 provincias), capital: Santiago.
-Canarias (dos provincias), capitales: La Palma y Santa Cruz.
II- "MODELO FEDERAL CERRADO"
RépondreSupprimerLa federación sería de "estados", pero también de provincias, para que estas se puedan autogestionar con la mayor autonomía posible, para evitar que las capitales se beneficien en perjuicio de las ciudades menores. Lo importante sería definir detalladamente la incumbencia de cada administración. Les permitiría crear desarrollo propio a cada provincia, dándoles ciertas potestades que hoy gozan solamente las autonomías. Por otro lado, los miles de municipios que hay en España habría que reducirlos drásticamente, (én muchos casos coincidirían con las comarcas) dejando solo aquellos que sean autosustentables, para evitar las llamadas mancomunidades actuales. Las regiones, tales como Extremadura, la Mancha y Cataluña, que al ser pluriprovinciales dejarían de funcionar como una unidad política, habría que buscarles una función más cultural que económica dentro de cada nuevo "estado". Estos estados podrían ser considerados oficialmente como republicanos, quedando el concepto de reino para la unidad de España, o sea, aunque parezca contradictorio España sería un Reino de repúblicas autónomas. Por último, a estos seis estados, podrían unirse con suma facilidad dos estados más: Cuba (15 provincias) y Puerto Rico (una provincia). En resumen: Reino de repúblicas, Estados federales, provincias autónomas, municipios/comarcas autosustentables.
*Levante es un término geográfico, no político, integrado por aproximadamente las provincias mediterráneas desde Almería hasta Gerona, Baleares incluidas. Llamar oficialmente a esta región como Levante ayudaría a resolver algunos problemas de identidad como es el caso del nombre del catalán/valenciano/balear, que podría llamarse simplemente “levantino” o español levantino, de la misma manera que el idioma español también recibe el nombre de castellano. Levante sería mejor aceptado que el término ultranacionalista y chovinista “Países catalanes”, rechazado sobre todo por los valencianos que se recienten a ser considerados como catalanes. Respecto a Murcia, que también es levantina, la relacionaría con Armería, que es la provincia andaluza más vinculada a esa región.